Y la clave de que este horizonte sea realizable es que Los Ángeles tiene una ventaja única sobre la mayoría de las otras ciudades importantes de EE.UU.: la empresa que gestiona la energía de la metrópoli es de propiedad municipal, no privada.
También Los Ángeles se convirtió este año en la primera ciudad de EE.UU. en respaldar el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
Ese documento, que esta semana ha ganado protagonismo en la COP26, tiene como objetivo detener la exploración y extracción de petróleo, gas y carbón, y eliminar gradualmente la producción de combustibles fósiles, en línea con los objetivos del Acuerdo Climático de París y apostando por la cooperación internacional para una transición hacia la energía limpia.
Medidas como estas desde el sector público jugaron un papel relevante en el último análisis sobre Los Ángeles del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, en sus siglas en inglés), un centro estadounidense especializado en la investigación y desarrollo de las renovables y la eficiencia energética, propiedad del Departamento de Energía de EE.UU.
Durante ese estudio de tres años, el NREL analizó millones de escenarios y determinó que el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, de propiedad pública, debe acelerar la construcción de parques eólicos, instalaciones solares a gran escala y puntos de recarga eléctrica.
Este plan tendría un coste total de unos 86.000 millones de dólares, una cantidad que, distribuida en más de una década, “no tendría un impacto significativo en la economía de una ciudad que mueve más de un billón de dólares”, según las estimaciones de los expertos.
El programa implicaría, además, que más angelinos adquirieran paneles solares para sus domicilios y automóviles eléctricos, unos bienes que están ya subvencionados a nivel estatal y federal.
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