El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana la normativa europea que exigirá que todos los nuevos edificios que se construyan en la Unión Europea (UE) a partir de 2030 produzcan cero emisiones, una obligación que se adelanta a 2028 para los inmuebles públicos.
Este reglamento ha sido aprobado por la Eurocámara por 370 votos a favor, 199 en contra y 46 abstenciones, y tendrá aún que ser adoptada por el Consejo de la UE para adquirir carácter oficial.
La Revisión de la Directiva sobre Eficiencia Energética de los Edificios, actualizada por última vez en 2018, también prevé que los Estados miembro renueven al menos el 16% de los inmuebles no residenciales de su territorio con peor rendimiento energético para 2030, y el 26% para 2035.
Los edificios consumen el 40% de la energía de la UE y son responsables del 35% de las emisiones de CO2 del territorio comunitario, por lo que el objetivo final de la reforma es que todos los inmuebles de la UE, nuevos o viejos, sean climáticamente neutrales a mitad de siglo.
La Comisión Europea estima que los Veintisiete necesitarán 275.000 millones de euros al año de aquí a 2030 para renovar el parque de edificios, lo que supone 152.000 millones de euros más que en el contexto actual. No obstante, la situación de cada país es diferente y los costes también variarán.
Por eso, la directiva otorga flexibilidad a los Estados miembro y cada capital podrá diseñar su hoja de ruta para alcanzar los objetivos. En ella, deberá cuantificar el coste estimado y describir de dónde sacará los fondos, algo que luego evaluará la Comisión Europea. Se prevén excepciones, por ejemplo, para edificios históricos, agrícolas, militares o en uso temporal, como indica en un comunicado.
Los costes, en todo caso, se compensarán en parte por el aumento de la actividad económica, unas facturas energéticas más baratas, menos ciudadanos en situación de pobreza energética y mejoras para la salud en general al contribuir a mejorar la calidad del aire, según el análisis de los legisladores.
Los legisladores esperan que el 40% de los fondos sean públicos y el 60% procedan del entorno privado, y destacan el papel que tendrá en la financiación el Banco Europeo de Inversiones.
La revisión de la directiva, que parte de una propuesta de la Comisión Europea de diciembre de 2021, llama también a eliminar los sistemas de calefacción con combustibles fósiles en 2040 y a dejar de subsidiar las calderas independientes a base de hidrocarburos desde 2025. Otra de las novedades es que desaparece la obligación de aumentar la eficiencia energética a través de umbrales mínimos que deben alcanzar individualmente cada inmueble.
Los Estados miembro tendrán que garantizar una reducción de la energía primaria media que utilizan los edificios residenciales en al menos el 16% para 2030 y entre un 20 y un 22% para 2035. Deberán renovar también el 16% de los edificios no residenciales menos eficientes para 2030 y, para 2033, el 26% con menor eficiencia mediante requisitos mínimos de eficiencia energética.
Se les exigirá también que garanticen la instalación de paneles solares en los edificios nuevos, los edificios públicos y los edificios no residenciales ya existentes que se sometan a una renovación que requiera un permiso, y se buscará reforzar la formación de trabajadores en tecnologías limpias.
Además, los países de la UE tendrán que habilitar ventanillas únicas para agrupar los servicios de asistencia técnica sobre la eficiencia de los edificios, como ha indicado la Eurocámara en un comunicado.
El negociador jefe por parte del Parlamento Europeo, el eurodiputado irlandés de Los Verdes Cirian Cuffe, ha comentado antes de la votación que la nueva normativa crea el modelo para descarbonizar el parque de edificios, pero ha reconocido que «es un viaje largo».
