Cada año, los Estados europeos determinan el número de derechos a los que pueden acceder las empresas interesadas y esa es la base de la Compra y venta de CO2.
Esta asignación se establece en función del sector empresarial al que pertenece la empresa y a la cantidad de GEI emitidos por los representantes más ecológicos de este sector. Algunas instalaciones pueden beneficiarse de derechos de emisión gratuitos. Y eso puede suceder por dos motivos. Para no debilitar su competitividad. Y para evitar la fuga de carbono, es decir, la deslocalización de las actividades emisoras hacia países donde se exija una normativa más flexible.
Una vez asignadas las cuotas a las instalaciones, surgen dos escenarios en la compra y venta de CO2. Que las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa sean inferiores a la cuota asignada. O que, por el contrario, la sobrepasen.
En el primer caso, la empresa puede revender sus derechos de emisión en el mercado del carbono. O decidir conservarlos para más adelante y ahorrarlos mediante el concurso de la banca. En el segundo, lo que hacen las empresas es comprar derechos adicionales en el mercado del carbono. O recurrir al préstamo de derechos de emisión.
El mercado europeo de la compra y venta de CO2 se basa en tres principios fundamentales. La necesidad de que exista un registro europeo donde se contabilizan las emisiones. La posibilidad de imponer sanciones. Y la capacidad que el mismo tiene de garantizar la exactitud de la información transmitida.
Desde sus inicios este mercado ha sufrido una serie de fallas, puesto que al principio el sistema no lograba incentivar a las empresas para que redujesen sus emisiones. Para 2005, los líderes europeos temían que un límite de emisiones demasiado restrictivo fuese el elemento paralizante que afectase a las industrias europeas.
Para evitar esto se les asignó a las empresas una cantidad significativa de derechos de emisión, lo que hizo bajar los precios en 2007. En ese momento, a las organizaciones de todo tipo les resultaba mucho más rentable y ventajoso comprar derechos de emisión adicionales, que reducir eficazmente sus emisiones.
Cuando la crisis económica del 2008 redujo la actividad empresarial, también se produjo una disminución significativa de las emisiones, sin que se realizaran esfuerzos específicos para reducir la contaminación. A partir de 2009, el precio del carbono se situaba en menos de 15 euros por tonelada. A principios de 2013, el 80% de los nuevos permisos que se otorgaban eran de emisión gratuita hasta que la CE puso coto a esta situación.
En 2019 se retiraron del mercado los derechos excedentes, con el fin de garantizar un precio mínimo. Las emisiones de GEI cubiertos por el mercado de carbono registraron su mayor reducción, cayendo un 9,1%, lo que significaba unos 152 millones de toneladas de CO₂ menos que el año anterior, según las cifras de la Comisión Europea. A partir de ese momento el precio de la tonelada de dióxido de carbono se mantiene en alza.
Durante la pandemia se produjo una baja de emisiones muy acusada, pero con el tiempo, estas comenzaron a subir nuevamente, aunque se espera que el 2024 sea el primer año en el que con una economía mundial relativamente estable las emisiones de dióxido de carbono disminuyan. Por otra parte, cada vez es mayor el clamor en contra de la compra venta de CO2, bajo la premisa de que el objetivo debe ser NO contaminar, en vez de que puedan hacerlo libremente quienes pueden ‘pagarse este lujo’.
